La representación procesal y el poder para pleitos

por Sanz Llorente, Fernando
La representación procesal y el poder para pleitos 9788481511123
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Editorial: Comares
ISBN: 978-84-8151-112-3
Fecha de la edición: febrero 1995
Edición Nº: 1
Colección: Ciencias Jurídicas
Encuadernación: RUSTICA
Nº Pág.: 302

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Resumen del libro

La presente obra analiza la figura jurídica de la representación, centrándose básicamente en el ámbito procesal, y abordándola en cada uno de los distintos tipos de procesos existentes (civil, penal, laboral y contencioso-administrativo). Se analiza también de forma exhaustiva el instrumento de la representación por excelencia: el poder para pleitos, así como su forma, contenido, extinción,... La obra se completa con una pormenorizada selección jurisprudencial, que abarca los últimos veinticinco años de la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo. Asímismo, se recogen las resoluciones dictadas al respecto por el Tribunal Constitucional y, para el ámbito laboral, del desaparecidoTribunal Central de Trabajo y de los Tribunales Superiores de Justicia. Prólogo CAPÍTULO PRIMERO LA REPRESENTACIÓN 1. Evolución Histórica 1.1. La representación en el Derecho Romano 1.2. La representación en el procedimiento romano 1.3. Evolución posterior 2. Concepto de representación 2.1. La doctrina extranjera 2.2. La doctrina española 3. Representación legal y representación voluntaria 3.1. La distinción en el derecho sustantivo. Diferencias entre ambas figuras 3.2. La distinción en el ámbito procesal 3.2.1. Representación voluntaria 3.2.2. Representación legal 3.2.3. Representación necesaria CAPÍTULO II EL APODERAMIENTO Y EL PODER PARA PLEITOS 1. Antecedentes históricos 2. Concepto legal de poder 3. La doctrina en el ámbito civil 4. La doctrina en el ámbito procesal CAPÍTULO III REQUISITOS DEL PODER 1. Introducción 2. Identificación del otorgante. La indicación del Documento Nacional de Identidad 2.1. Su regulación legal 2.2. Su regulación específica en la legislación notarial 2.3. Consecuencias 2.4. Defecto subsanable 3. Firma del fedatario público 4. Legalización del poder 4.1. Introducción 4.2. Regulación legal anterior 4.3. La postura del Tribunal Supremo y de la Dirección General de los Registros y del Notariado 4.4. Doctrina del Tribunal constitucional 4.5. Regulación actual 5. Facultades atribuidas en el poder. Fórmulas o cláusulas de estilo habitualmente utilizadas 6. La inscripción del poder en el Registro Mercantil 6.1. Introducción 6.2. Regulación legal 6.3. Doctrina jurisprudencial 6.3.1. La inexistencia de inscripción de un poder en el Registro Mercantil, no produce más efecto que el de no poder utilizarse en perjuicio de tercero 6.3.2. Insuficiencia de poder para pleitos otorgado por mandatario de una sociedad, cuya delegación de facultades no consta haya sido inscrita en el Registro Mercantil 6.3.3. Un poder general para pleitos es plenamente eficaz aunque no esté inscrito en el Registro Mercantil 6.3.4. La falta de inscripción del poder en el Registro Mercantil no produce la nulidad de los actos y contratos 6.3.5. Falta de personalidad del Procurador por insuficiencia o ilegalidad del poder; la falta de inscripción del poderdante en el Registro Mercantil es un defecto subsanable CAPÍTULO IV FORMA, ACEPTACIÓN Y DESTINATARIO DEL PODER. CONTENIDO DEL PODER: OBLIGACIONES DEL PROCURADOR 1. Forma del poder 1.1. El principio de libertad de forma 1.2. La forma escrita en documento público 1.3. Alcance de la exigencia de forma escrita 1.4. El poder apud acta 1.4.1. Evolución legislativa 1.4.2. El poder ante Notario frente al poder ante Secretario Judicial 1.4.3 La postura de la jurisprudencia 2. Aceptación del poder 2.1. Concepto 2.2. Clases 2.3. Efectos 3. Destinatario del poder 4. Contenido del poder: obligaciones del Procurador CAPÍTULO V PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL 1. Introducción 2. El Proyecto de 1972, sobre corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil 3. La distinción entre poder general y poder especial 4. Actuaciones en que es preciso poder especial 4.1. Designar Letrados 4.2. Recusar Jueces y Magistrados 4.3. Desistir de cualquier recurso interpuesto 4.4. Separarse del recurso de apelación 4.5. Separarse del recurso de casación 4.6. Interponer el recurso de casación o cualquier otro de naturaleza extraordinaria 4.7. Solicitar y firmar relaciones nominales de acreedores y de bienes que debe presentar el deudor, para pedir la quita y espera 4.8. Representar en Juntas de acreedores, en concursos y quiebras 4.9. Avenirse en actos de conciliación 4.10. Transigir las cuestiones en litigio 4.11. Allanarse el demandado a las pretensiones del actor 4.12. Renunciar a la acción material ejercitada 4.13. Desistir de la demanda interpuesta 4.14. El caso singular de la petición de suspensión del recurso de los autos CAPÍTULO VI EL BASTANTEO 1. Antecedentes históricos 2. Concepto 3. Personas que intervienen en su configuración 4. Requisitos formales 5. Tratamiento procesal y efectos 6. Evolución jurisprudencial 6.1. El bastanteo del poder se entiende cumplido cuando se asevera la suficiencia en el escrito de alegaciones o en el de personación, aunque la hoja de bastanteo no esté firmada 6.2. Consentimiento tácito de la parte contraria como medio de subsanación del defecto 6.3. El defecto de personalidad en el Procurador del actor queda subsanado si dicha falta es consentida por la otra parte 6.4. La falta de timbres y pólizas en el poder no equivale a falta de bastanteo 6.5. Es válida la declaración de bastanteo realizada en el escrito de interposición del recurso 6.6. La falta de firma del Letrado en el bastanteo queda subsanada si aquél firma el escrito de comparecencia 6.7. No hay quebrantamiento de forma por la comparecencia del Procurador en bastanteo no suscrito por Letrado, cuando se consiente la providencia en que se le tiene por parte. El bastanteo del poder es un mero formalismo cuya falta no ocasiona agravio alguno a la otra parte ni genera indefensión 6.8. La falta de bastanteo no comporta casación por quebrantamiento de forma 6.9. La falta de firma del bastanteo en segunda instancia es un defecto intrascendente si el poder fue bastanteado en la primera 6.10. El importe del bastanteo no puede ser incluido en la tasación de costas CAPÍTULO VII LA FALTA DE PERSONALIDAD EN EL PROCURADOR DEL ACTOR POR INSUFICIENCIA O ILEGALIDAD DEL PODER (I) 1. Clases de excepciones 2. La excepción dilatoria del art. 533.3 LEC 3. Configuración de las excepciones dilatorias en los distintos tipos de procesos civiles 4. Ilegalidad e insuficiencia del poder 5. Clases de insuficiencia 6. Alegación y prueba de la excepción 7. Posición del Juez ante la excepción 8. La carga de la prueba de la excepción 9. Subsanación del defecto 10. Efectos de la excepción 11. Diferencia entre falta de poder y falta de personalidad por insuficiencia o ilegalidad del mismo 12. La excepción de falta de personalidad en el ejecutante o en su Procurador, en el juicio ejecutivo 12.1. Su confusa regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil 12.2. La postura procesal del ejecutado 12.3. La excepción de falta de personalidad en el Procurador 12.4. Conclusión CAPÍTULO VIII LA FALTA DE PERSONALIDAD EN EL PROCURADOR DEL ACTOR POR INSUFICIENCIA O ILEGALIDAD DEL PODER (II). DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 1. Subsanación del defecto. Doctrina general 1.1. Aunque el poder presentado sea insuficiente, siempre cabe la subsanación 1.2. Falta de personalidad del Procurador subsanada durante el pleito. 1.3. Subsanación de la insuficiencia del poder en la comparecencia prevista en el art. 693 LEC, en el plazo concedido por el Juzgado 1.4. La falta de presentación es un requisito subsanable 1.5. La subsanación de la insuficiencia de poder debe ser pedida en la instancia en que tal falta se comete 1.6. La parte que incurre en la excepción de insuficiencia de poder debe tener la posibilidad de subsanar dicho defecto durante el proceso 2. La excepción en el recurso contencioso-administrativo 2.1. Doctrina general 2.2. La subsanación en el recurso contencioso-administrativo 2.3. Aportar un poder en lugar de otro, por error, es un defecto subsanable 2.4. Falta de apoderamiento en forma 2.5. No puede alegar falta de representación procesal quien la consintió anteriormente 2.6. Identidad en la persona del poderdante y calidad con que actúa 2.7. Falta de poder; otorgamiento posterior; subsanación 2.8. Las causas de inadmisión de pretensiones son de carácter excepcional. El poder general para pleitos es suficiente para acudir a la Jurisdicción contenciosa, aun cuando se impugne un Real Decreto acordado en Consejo de Ministros 2.9. Un poder para pleitos civiles es suficiente para entablar también procedimientos contencioso-administrativos 2.10. Para que un poder sea suficiente no es preciso que estén nominadas en la demanda todas las personas a las que se representa 3. Otros supuestos 3.1. El poder es insuficiente cuando cambia la ley que da cobertura al representante (representación de mujer por su marido, otorgada antes de la Ley de 2 de mayo de 1975 3.2. La pobreza de expresión no impide la suficiencia de un poder 3.3. Un poder que ha sido utilizado válidamente en la primera y segunda instancia, no puede ser tachado de insuficiente en el recurso de casación, pues ha sido consentido por la parte que denuncia dicha presunta insuficiencia 3.4. El error material del Secretario Judicial al testimoniar un poder, no puede privar a éste de validez, pues no es imputable a la parte 3.5. El poder es suficiente si está otorgado por una persona con facultades para ello 3.6. La falta de representación de la parte en el juicio debe denunciarse en este acto, y no después para basar un recurso de casación por quebrantamiento de forma (proceso laboral) 3.7. No puede alegar insuficiencia de poder quien, además de conocer la composición de los órganos de dirección de la sociedad, los acepta implícitamente 3.8. Es insuficiente el poder otorgado a Procurador sustituto si no se inserta en el mismo el poder del sustituyente, ni se incorpora a la escritura el original ni el testimonio 3.9. No es válido alegar falta de personalidad en el Procurador si antes se le reconoció dicha condición de representante 3.10. El poder general para pleitos es suficiente para interponer un recurso de revisión 4. Doctrina del Tribunal Constitucional 4.1. Un poder general para pleitos es suficiente para actuar ante el Tribunal Constitucional 4.2. También es suficiente un poder general para pleitos para comparecer ante el Tribunal Constitucional, aunque aquél se otorgara antes de la Constitución 4.3. Si hay un previo reconocimiento en vía administrativa de la personalidad y representación de quien figura como recurrente en vía contenciosa, no se puede plantear después esa cuestión como obstáculo de admisibilidad de un recurso 4.4. No aportar el poder es un defecto subsanable 4.5. En el recurso de amparo el Procurador está obligado a aportar el poder de representación, pues de no hacerlo se origina un defecto formal subsanable 4.6. La actuación del representante o Comisionado previsto en el art. 82.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional puede ser suficiente para la representación y defensa de los órganos o el conjunto de Diputados o Senadores CAPÍTULO IX LA SUSTITUCIÓN EN LA REPRESENTACIÓN 1. Concepto de sustitución y supuestos que pueden plantearse 2. La sustitución en el poder para litigar 3. Su regulación en el Estatuto de los Procuradores 4. La Distinción entre sustitución y colaboración 5. La jurisprudencia 5.1. El sustituto puede otorgar poder a Procuradores. Diferencia entre sustitución en sentido propio o transferencia y delegación o subapoderamiento 5.2. Cuando se otorga poder en forma por el sustituto, queda representada la sustituida 5.3. El poder otorgado a Procuradores por cualquiera de los sustitutos no implica una nueva sustitución o transmisión de facultades 5.4. Es válida la sustitución del Procurador si no consta la prohibición para ello 5.5. Es insuficiente el poder otorgado a Procurador sustituto, si no se inserta en el mismo el poder del sustituyente ni se incorpora a la escritura el original ni testimonio. No obstante, es un defecto subsanable 5.6. Distinción entre transmisión del mandato y su sustitución o delegación. El poder otorgado a Procuradores por cualquiera de los sustitutos, no implica una nueva sustitución o transmisión de facultades 5.7. El Letrado que actúa como mandatario de la parte tiene facultad para designar sustituto CAPÍTULO X CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN (I) 1. Regulación legal 2. Clasificación 3. Revocación del Poder 3.1. Concepto y naturaleza jurídica 3.2. Clases. Revocación expresa y tácita 3.3. Efectos 4. Desistimiento voluntario del Procurador y cese en su oficio 4.1. Desistimiento voluntario del Procurador 4.1.1. Concepto y naturaleza jurídica 4.1.2. Requisitos 4.1.3. Efectos 4.2. Cese del Procurador en su oficio 4.2.1. Regulación legal 4.2.2. Requisitos y efectos 4.3. Doctrina jurisprudencial 4.3.1. Requisitos del desistimiento del Procurador en la representación 4.3.2. La resolución que prevé el art. 9.2.º LEC debe revestir la forma de providencia, no de auto 4.3.3. El desistimiento del Procurador no constituye un acto de jurisdicción voluntaria, sino un incidente 4.3.4. La renuncia del Procurador a la representación debe ser comunicada al poderdante; validez de los actos procesales si no se acredita esa dación de cuenta 4.3.5. La comparecencia ante la Audiencia Provincial a través de un nuevo Abogado y con un nuevo Procurador, aunque éste no se hallaba incluido en el poder aportado a los autos, no supone renuncia al derecho de ser tenido como parte en la apelación 4.3.6. No se debe tener por cesado al anterior Procurador, hasta que no se haya decretado tal cese 4.3.7. El desistimiento del Procurador no se produce con su mera manifestación, sino que es precisa una resolución judicial que así lo declare 4.3.8. Si el poderdante (apelante) no designa nuevo Procurador, una vez le ha sido comunicado el desistimiento voluntario del anterior, se tiene por abandonado el recurso de apelación y firme la sentencia CAPÍTULO XI CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN (II) 1. Separación del poderdante de la acción u oposición formulada 1.1. Su configuración como causa extintiva 1.2. Renuncia 1.3. Desistimiento 1.4. Allanamiento 1.5. Transacción judicial 2. Cesión o traslado por el poderdante a otra persona de sus derechos 2.1. Concepto y naturaleza jurídica 2.2. Requisitos 2.3. Efectos 3. Terminación de la personalidad con que litigaba el poderdante 3.1. Extensión y límites. Supuestos que pueden plantearse 3.2. Pérdida de la capacidad procesal 3.3. Pérdida de la capacidad para ser parte 3.4. Pérdida de la legitimación 4. Conclusión del pelito o acto procesal 5. Muerte del poderdante o del Procurador 5.1. Muerte del poderdante 5.1.1. Alcance de este supuesto 5.1.2. Requisitos 5.1.3. Comparecencia de los herederos del poderdante fallecido 5.2. Muerte del Procurador 5.2.1. Alcance de este supuesto 5.2.2. Efectos 5.3. Doctrina jurisprudencial 5.3.1. Validez limitada de las diligencias judiciales practicadas con el Procurador después de la muerte del poderdante 5.3.2. Validez limitada de los actos procesales realizados por el Procurador después del fallecimiento de su poderdante 5.3.3. La falta de capacidad procesal del Procurador respecto de uno de los actores no presupone la del mismo en cuanto a los restantes 5.3.4. Responsabilidad de Abogado y Procurador que siguieron actuando después del fallecimiento de su cliente (proceso penal) 5.3.5. Aplicación analógica del art. 9.7.º LEC a un supuesto de absorción de una sociedad por otra 5.3.6. Son nulos los actos realizados por el Procurador del litigante fallecido después de serle notificado a aquél la resolución teniéndole por cesado en la representación 5.3.7. La representación no cesa con el fallecimiento del litigante, sino con la resolución judicial que pone fin al mandato CAPÍTULO XII PODER OTORGADO EN EL EXTRANJERO 1. Ley aplicable a las formas de los actos en general 2. Ley aplicable a las formas de los actos autorizados por funcionarios diplomáticos de España en el Extranjero 3. Regulación legal 3.1. Convenio de La Haya sobre supresión de la legalización de documentos públicos extranjeros de 5 de octubre de 1961, ratificado por España mediante Instrumento de 10 de abril de 1978 3.2. Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre, por el que se determinan los funcionarios competentes para realizar la legalización única o apostilla prevista por el Convenio 12 de la Conferencia de La Haya de 5 de octubre de 1961 3.3. Convenio Europeo sobre supresión de la legalización de documentos extendidos por Agentes diplomáticos o consulares, de 7 de junio de 1968, ratificado por España mediante Instrumento de 1 de junio de 1982 3.4. Real Decreto 510/1985, de 6 de marzo, que suprimió el requisito de la legalización de las escrituras autorizadas por los Agentes diplomáticos y consulares cuando actúan en funciones notariales 4. Jurisprudencia 4.1. Validez de poder otorgado en el extranjero 4.2. Un poder otorgado en Alemania no necesita de legalización diplomática o consular 4.3. Un poder otorgado en Francia no precisa legalización 4.4. No es ilegal un poder otorgado en el extranjero conforme a las leyes del país por representante de sociedad extranjera 4.5. Validez en España de poder otorgado en país extranjero, con la correspondiente apostilla 4.6. A los poderes otorgados en el extranjero no les son de aplicación las formalidades exigidas por la legislación española CAPÍTULO XIII EL PODER PARA RECURRIR EN CASACIÓN 1. Antecedentes históricos 2. Naturaleza jurídica del poder para recurrir en casación 2.1. Poder general o poder especial 2.2. Evolución de la doctrina 2.3. Evolución de la jurisprudencia 3. Subsanación de la falta de representación del poder 4. Supuestos en que no es precisa la presentación del poder 5. Doctrina del Tribunal Constitucional 5.1. La falta de presentación del poder para recurrir en casación es un defecto subsanable 5.2. La exigencia del requisito establecido en el art. 1718.1 LEC, en la redacción anterior a su reforma por la Ley 30/1984 (actualmente, art. 1706.1), cuya finalidad es la de acreditar la legítima representación del Procurador en la causa, únicamente resulta justificada cuando, como consecuencia de su omisión, pueden resultar dudas sobre tal circunstancia CAPÍTULO XIV EL PODER PARA INTERPONER QUERELLAS CRIMINALES 1. Regulación legal 2. Requisitos exigibles 3. Naturaleza jurídica. Tendencias interpretativas 4. El bastanteo del poder 5. Querella presentada en nombre de una sociedad anónima 6. La postura de la jurisprudencia CAPÍTULO XV LA REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 1. Divergencias doctrinales 2. La postura del Tribunal Supremo 3. La representación de las personas jurídicas en la Ley de Enjuiciamiento Civil 4. La representación de los entes públicos 5. La representación de las sociedades civiles y mercantiles 6. La representación de las sociedades anónimas 6.1. Antecedentes legislativos 6.2. Regulación actual 6.3. Extensión y límites de la representación 7. Requisitos para el otorgamiento del poder y personas que deben otorgarlo 8. Criterios jurisprudenciales referentes al acuerdo social para litigar 9. Supuestos concretos resueltos por la doctrina del Tribunal Supremo 9.1. Procurador que formaliza el recurso utilizando un poder cuyo otorgante lo confiere en nombre de la sociedad recurrente, usando para ello otro apoderamiento 9.2. La escritura de apoderamiento otorgada a nombre de una sociedad por su representante debe expresar lo pertinente a los documentos que acrediten esa representación 9.3. El poder otorgado por el representante de una sociedad anónima es válido, si consta que los estatutos de ésta le confieren la facultad para otorgarlo 9.4. Es válido el poder otorgado por una persona que actúa en nombre de una sociedad anónima, pues, según certificación del Secretario del Consejo de Administración, estaba facultado por éste para ello 9.5. No es válido el poder cuando ha sido otorgado por sociedad distinta de la que recurre, pues ambas sociedades tienen personalidad jurídica diferente 9.6. Poder otorgado por quien aparece facultado por el Consejo de Administración de entidad mercantil privada 9.7. Distinción entre la facultad de presentar al ente social ante los Tribunales, y la no posibilidad de que tales representantes puedan decidir interponer acciones judiciales 9.8. Si falta el acuerdo de la sociedad, no puede una persona actuar como representante de ella 9.9. El presidente de una cooperativa no puede ejercitar acciones judiciales si los estatutos de la misma indican que es su junta rectora quien debe hacerlo 9.10. Es preciso acreditar la condición de presidente de una cooperativa para poder actuar en nombre de ésta 9.11. Es preciso acreditar la condición con que se dice actuar en nombre de una sociedad anónima 9.12. Para que una sociedad anónima esté debidamente representada tiene que estar acreditado en autos el acuerdo de su consejo de administración 9.13. Extensión de las facultades otorgadas en el poder 9.14. Para que una comunidad de propietarios o un colegio profesional pueda ejercitar una acción deberá mediar el acuerdo colectivo correspondiente 9.15. El presidente de un colegio profesional no puede por sí, sin acuerdo del órgano correspondiente, otorgar poder de representación para entablar acciones judiciales 9.16. Un poder otorgado por quien no ha acreditado el cargo de presidente que dice ostentar, no es válido si no se presenta documento alguno que acredite su designación y la vigencia del cargo 9.17. El poder notarial aportado acredita la representación procesal, si no consta que su eficacia se subordine a acuerdos concretos del ente colectivo 9.18. Poder de Procurador otorgado por Comisario y Depositario del concurso de acreedores, nombrados judicialmente 10. Cambios en la persona jurídica que no alteran la esencia del poder 10.1. El Procurador de una Sociedad continúa con poder bastante aunque cambien sus directivos, si no le revocan el poder 10.2. El poder otorgado por el Presidente de una Comunidad de Propietarios subsiste aunque cambie de Presidente ésta 10.3. El poder otogado por el Consejero-Adpoderado de una Sociedad, no revocado expresamente, subsiste aunque con posterioridad al apoderamiento se hubiere revocado el del Consejero 10.4. Es válido el poder otorgado por el representante de una Sociedad aunque cambie el nombre de ésta 10.5. La validez del poder otorgado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios se determina por la fecha en que se otorgó, sin que obste que hubiera cesado en su cargo quien lo concedió 10.6. Aunque el representante de una persona jurídica haya cesado en su función, los poderes por él otorgados siguen siendo válidos 10.7. El poder para pleitos subsiste aunque el representante de la sociedad anónima que lo otorgó haya cesado en la representación, y mientras el propio ente social no lo revoque 11. Las uniones sin personalidad 12. Los grupos parlamentarios CAPÍTULO XVI LA REPRESENTACIÓN EN EL PROCESO LABORAL (I) 1. Comparecencia de las partes por sí mismas 2. Comparecencia por cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles 3. La representación por procurador 4. La representación por Graduado Social colegiado 4.1. Evolución histórica 4.2. Regulación legal 4.3. Delimitación de su actuación en el proceso laboral 4.4. Otros aspectos de su intervención 4.4.1. Su colocación en estrados 4.4.2. El uso de toga 4.5. Doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia 4.5.1. Legítima actuación de los Graduados Sociales en el proceso 4.5.2. El Graduado Social sólo puede representar a la parte, no asistirla ni defenderla, pues éstas son facultades que corresponden en exclusiva al Abogado 4.5.3. El recurso de suplicación debe ir firmado necesariamente por Abogado, no por Graduado Social 4.5.4. El Graduado Social puede servir de portavoz a su asistido en el acto del juicio 5. La representación por Abogado 5.1. Introducción 5.2. Regulación legal, Estudio del art. 21.3 LPL 5.3. Doctrina del Tribunal Central de Trabajo 5.4. Doctrina del Tribunal Constitucional 6. Doctrina del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia 6.1. La parte que se crea perjudicada por la asistencia letrada de la contraria, sin que ésta avise previamente, deberá formular la oportuna protesta en el acto del juicio para que produzca efecto en vía de recurso 6.2. Comparecencia a juicio asistido de Letrado: efectos de la falta de advertencia 6.3. No preavisar a la parte contraria de la intención de comparecer asistido de Letrado, origina a aquélla una situación de indefensión, por desigualdad en el acto del juicio 6.4. Es válida la representación y defensa de la Administración por un Letrado, aunque éste no haya sido designado bajo la fe pública judicial o notarial CAPÍTULO XVII LA REPRESENTACIÓN EN EL PROCESO LABORAL (II) LA ACTUACIÓN PROCESAL DEL SINDICATO 1. Regulación legal: el art. 20 LPL y su ámbito de aplicación 2. Razones de la reforma 3. Naturaleza jurídica 3.1. Teoría de la sustitución procesal 3.2. Teoría de la representación voluntaria 4. Extensión y límites de la actuación del sindicato 5. Requisitos formales 5.1. Afiliación del trabajador al sindicato 5.2. La autorización del trabajador 5.3. Forma de acreditar la autorización 6. La responsabilidad del sindicato 6.1. Aspectos sustantivos 6.2. Aspectos procesales 7. Terminación de la representación y archivo de las actuaciones 7.1. Causas de terminación de la representación 7.2. Procedimiento 7.3. Efectos de la declaración del trabajador 7.4. Revocación de la representación 8. Intervención adhesiva del sindicato como coadyuvante 8.1. Concepto y naturaleza jurídica 8.2. Requisitos legales CAPÍTULO XVIII LA REPRESENTACIÓN EN EL PROCESO LABORAL (III) SUPUESTOS DE REPRESENTACIÓN ESPECIAL. FORMAS DE OTORGAR LA REPRESENTACIÓN 1. Procesos que afecten a más de diez actores 1.1. Regulación legal 1.2. Caracteres 1.3. Designación de representante 1.4. Forma de otorgar la representación 1.5. Acreditación de la representación 2. Acumulación de autos 3. Facultad de representación o actuación separada por voluntad justificada 4. Formas de otorgar la representación 4.1. Escritura pública 4.2. Poder apud acta 4.3. Otorgamiento de representación en el juicio 4.4. Otorgamiento de representación en la demanda 4.5. El bastanteo en el proceso laboral 5. Doctrina del Tribunal Central de Trabajo 5.1. Es válido el poder otorgado en la demanda si ésta es ratificada en el acto del juicio 5.2. Eficacia de la representación otorgada en la demanda 5.3. Validez de la representación otorgada en el acto del juicio 5.4. Garantías formales que ofrece la representación otorgada en el acto del juicio 5.5. Falta de apoderamiento no reflejado en el acta del juicio: nulidad de actuaciones 6. Doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia 6.1. Otorgamiento de poder: omisión de la calidad del poderdante como representante legal. Eficacia de la ratificación en el acto del juicio 6.2. Subsanación de la omisión de hacer constar en el poder la cualidad de miembros del Comité Intercentros 6.3. No se puede tener por desistida a la parte actora, si ésta comparece al juicio representada por el Graduado Social a quien previamente había otorgado la representación en el escrito de demanda; más aún, si fue el Graduado Social y no a la actora a quien se citó para el juicio CAPÍTULO XIX LA REPRESENTACIÓN EN LA LEY DE ARBITRAJE 1. Introducción 2. Regulación actual del arbitraje 3. La representación de las partes 4. Otras funciones asignadas por la Ley de Arbitraje a los representantes 5. Doctrina del Tribunal Supremo CAPÍTULO XX LA REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 1. Naturaleza jurídica del cargo de Presidente de la Comunidad de Propietarios 2. Legitimación del Presidente de la Comunidad de Propietarios para el ejercicio de acciones 3. Facultades representativas del Presidente de la Comunidad de Propietarios. Obligación de responder de su gestión 4. Facultades del Presidente para el ejercicio de acciones de la Comunidad de Propietarios y de los suyos propios 5. Litisconsorcio pasivo necesario 6. Legitimación de los condueños para el ejercicio de acciones sobre elementos comunes 7. Designación de Vicepresidente. Legitimación procesal activa para actuar en nombre e interés de la Comunidad 8. Nombramiento de segundo Presidente. Facultades que puede ostentar 9. Elección como Presidente de la Comunidad de una persona que no ostente la condición de propietario 10. Validez del poder para pleitos otorgado por Presidente anterior 11. No es necesario que se haga constar en el poder para pleitos el ac


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